La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó un proyecto de comunicación que solicita a la Procuración General de la Provincia la creación de una fiscalía especializada en abigeato y otros delitos rurales. La iniciativa responde a los reiterados reclamos de productores agropecuarios, especialmente de departamentos del norte entrerriano.
El proyecto fue impulsado por la senadora Patricia Díaz, representante del departamento La Paz, y aprobado durante la sesión del jueves 29 de octubre.
La propuesta plantea conformar una unidad especializada dentro del Ministerio Público Fiscal, con personal capacitado y recursos específicos para mejorar las investigaciones relacionadas con el robo de ganado y otros delitos vinculados a la actividad rural.
Entre los objetivos se encuentran agilizar el seguimiento de las denuncias, fortalecer la recolección de pruebas, investigar posibles conexiones entre distintos hechos delictivos y detectar eventuales circuitos de traslado, faena y comercialización de animales sustraídos.
Además, se propone establecer un trabajo coordinado entre las fiscalías, la Policía de Entre Ríos y los organismos encargados de controlar la identificación y circulación de hacienda. También se contempla habilitar canales de atención y orientación para los productores afectados.
La iniciativa surgió en medio de las preocupaciones manifestadas por entidades agropecuarias como la Federación Agraria Argentina y la Mesa de Enlace, que vienen reclamando mayores herramientas para combatir el abigeato. Entre los planteos se mencionaron situaciones registradas en la zona de Bovril, donde productores denunciaron robos reiterados de ganado.
En cuanto a su implementación, el proyecto se fundamenta en las facultades que la Constitución provincial y la Ley Orgánica del Ministerio Público otorgan a la Procuración General para organizar unidades especializadas de investigación.
Es importante aclarar que la aprobación del Senado no significa que la fiscalía ya haya sido creada. Se trata de un pedido institucional dirigido a la Procuración General, organismo que deberá evaluar y resolver su eventual puesta en funcionamiento.
La propuesta busca dar respuesta a un reclamo del sector rural entrerriano, que considera necesario contar con herramientas judiciales específicas para investigar y combatir los delitos que afectan a la producción agropecuaria.
