El presidente Javier Milei analiza la posibilidad de firmar un indulto a militares condenados por crímenes de lesa humanidad el próximo 24 de marzo, fecha en la que se cumplirán 50 años del último golpe de Estado. La eventual medida, que aún no fue confirmada oficialmente, tendría un fuerte impacto político e institucional.
De acuerdo a abogados que trabajan en la iniciativa, el equipo presidencial estudia los aspectos legales, políticos y comunicacionales de la decisión. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay 539 represores detenidos, de los cuales 454 cumplen arresto domiciliario.
La fecha no pasa desapercibida: cada 24 de marzo se realizan multitudinarias movilizaciones en repudio al terrorismo de Estado. Un indulto en ese contexto sería interpretado por amplios sectores como una señal de alto voltaje político, en medio de un escenario marcado por la suba de la inflación, la recesión y el deterioro de la imagen presidencial.
En paralelo, la eventual decisión también tendría impacto dentro del oficialismo, ya que implicaría avanzar sobre una agenda históricamente asociada a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien construyó su perfil político en torno a la llamada “memoria completa” y la defensa de militares procesados.
Especialistas en derecho advierten que los delitos de lesa humanidad poseen un estatus particular en el plano internacional, lo que vuelve sumamente controversial la figura del indulto en estos casos, como ya ocurrió en antecedentes judiciales del pasado. Por el momento, la definición final no está tomada.
