Argentina en Riesgo de Embargos: Beneficiarios de Fallo Millonario Exigen Medidas en 30 Días

En una carta dirigida a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, los abogados del fondo Burford, beneficiarios del histórico fallo que condenó a Argentina a pagar US$16.000 millones por la mal ejecutada expropiación de la petrolera YPF durante la gestión de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, solicitaron la ejecución de embargos sobre los bienes del país. Argumentaron que Argentina no cumplirá con la decisión judicial, citando declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que indican su falta de intención de acatar el fallo.

Este pedido llega después de que Argentina haya enfrentado embargos en el pasado, incluyendo el caso de la Fragata Libertad, que estuvo detenida durante 77 días en el puerto africano de Tema, Ghana, en 2012.

Sebastián Maril, director de Latam Advisors, expresó su sorpresa ante la decisión de Burford y señaló que esperaba que el proceso de embargos comenzara después de que se conociera la identidad del nuevo presidente de Argentina para negociar. Maril sugiere que esta carta puede ser un intento de presionar al Gobierno argentino para que se siente a negociar o un mensaje al próximo gobierno de que no será fácil, en vista de la actitud que tomaron otros fondos de inversión en el pasado cuando se iniciaron embargos por la negativa de Argentina a cumplir fallos judiciales.

Maril también sugiere que Argentina podría apelar la decisión de Preska y ofrecer un bono para evitar los embargos, pero destaca que el país enfrenta dificultades financieras para hacerlo.

La carta concluye que Argentina no tiene intención de pagar la sentencia, y el plazo de 30 días para iniciar los embargos se considera razonable. La decisión de si se acepta o no la solicitud de los beneficiarios del fallo queda ahora en manos de la jueza.

El fallo histórico, que impone a Argentina pagar casi US$16.100 millones, puede ser apelado, y la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos tendrá entre nueve y 12 meses para decidir si acepta el caso, antes de una posible apelación ante la Corte Suprema.

El conflicto se originó en la falta de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones de YPF, como establecía el estatuto de la empresa cuando salió a cotizar en Bolsa. La negativa de Argentina a realizar la OPA, citada por los demandantes y la jueza Preska, es un punto central en el fallo.