Se trata de recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos que, según un ejercicio de distribución, podrían haberse girado a las provincias mediante los coeficientes de coparticipación. En cambio, fueron administrados por el Gobierno nacional a través de fondos específicos.
Entre enero y julio, Buenos Aires habría recibido $166.359 millones; Santa Fe, $67.704 millones; Córdoba, $67.266 millones; y Entre Ríos, $36.989 millones, si una parte de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos se hubiera distribuido entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante los coeficientes de coparticipación federal.
El cálculo surge de un ejercicio realizado por la consultora Galois, que estimó cuánto dinero adicional habría recibido cada jurisdicción durante los primeros siete meses del año si se hubiera distribuido el equivalente al 35,44% de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, no realizó esa distribución y mantuvo los recursos dentro de los fondos específicos a los que actualmente se destina el impuesto, vinculados principalmente con infraestructura y compensaciones al transporte público.
Cuánto dinero estaba en juego
De acuerdo con el ejercicio elaborado por Galois, dirigido por Rodolfo Correa Becker, el monto involucrado alcanza los $784.290 millones entre enero y julio.
Para realizar la estimación, se tomó como referencia una recaudación acumulada del impuesto a los combustibles líquidos de $3.839.125 millones durante ese período. Luego de descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, el 35,44% de esos recursos representa unos $1.334.735 millones.
Si esa masa de recursos se distribuyera mediante el régimen de coparticipación, las 24 jurisdicciones recibirían en conjunto $784.290 millones, mientras que el resto quedaría en manos del componente nacional del esquema, según el informe difundido por La Nación.
Correa Becker explicó que el ejercicio permite dimensionar el planteo que los gobernadores intentaron convertir en ley: transformar recursos administrados mediante fondos específicos en transferencias directas a las provincias. Sin embargo, aclaró que la estimación no reproduce exactamente el proyecto impulsado por los mandatarios el año pasado, ya que aquella iniciativa contemplaba una masa de recursos mayor y otro criterio de distribución.
Cuánto le correspondería a Entre Ríos
En el ranking elaborado por la consultora, Entre Ríos aparece en el quinto lugar, detrás de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco, con una suma estimada de $36.989 millones.
El listado continúa con Tucumán, $36.041 millones; Mendoza, $31.590 millones; y Santiago del Estero, $31.298 millones.
Luego aparecen Salta, con $29.037 millones; Corrientes, $28.161 millones; Formosa, $27.578 millones; San Juan, $25.608 millones; y Misiones, $25.024 millones.
En el siguiente grupo se encuentran Jujuy, con $21.522 millones; Catamarca, $20.866 millones; Río Negro, $19.115 millones; CABA, $18.686 millones; San Luis, $17.291 millones; y La Rioja, $15.686 millones.
Finalmente, el cálculo ubica a La Pampa en $14.227 millones; Neuquén, $13.148 millones; Chubut y Santa Cruz, $11.981 millones cada una; y Tierra del Fuego, $9.343 millones.
De dónde surge el 35,44%
El porcentaje utilizado para realizar la estimación surge de sumar tres destinos específicos del impuesto a los combustibles líquidos.
Del total recaudado, 4,31% corresponde al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58%, al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; y 2,55%, a la compensación del transporte público.
El resto de los recursos se distribuye entre distintos destinos, entre ellos el Tesoro Nacional, Fonavi, las provincias y el Sistema Único de Seguridad Social.
Es precisamente sobre estos fondos donde volvió a abrirse la discusión entre el Gobierno nacional y los gobernadores.
Los fondos para infraestructura, en el centro de la discusión
Un informe publicado por La Nación puso el foco en el SisVial, componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y señaló que, al cierre de mayo, más de $1 billón de esos recursos se encontraban colocados en inversiones financieras.
Se trata de fondos administrados por el Ministerio de Economía. Según lo señalado en el informe, el propio Gobierno reconoce que esos recursos son contabilizados dentro del esquema utilizado para alcanzar el equilibrio fiscal.
La discusión se da en un contexto de reclamos de los gobernadores por el deterioro de las rutas nacionales y la necesidad de recuperar la inversión en mantenimiento y obras de infraestructura vial.
De esta manera, el debate gira en torno a si los recursos destinados originalmente a infraestructura deben continuar siendo administrados mediante fondos específicos o si una parte de ellos debería transformarse en transferencias directas a las provincias.
El antecedente del proyecto de 2025
El conflicto tiene como antecedente el proyecto impulsado por los gobernadores en 2025, que buscaba eliminar distintos fondos y asignaciones específicas y elevar al 57,02% la participación provincial en el impuesto.
La iniciativa proponía que el 25% de esa porción se distribuyera en partes iguales entre las jurisdicciones, mientras que el 75% restante se repartiera mediante los coeficientes establecidos por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
El proyecto fue aprobado por el Senado por 56 votos contra uno, pero no consiguió avanzar en la Cámara de Diputados. Allí obtuvo 126 votos, tres menos que los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta que, según sostuvo el presidente de la Cámara, Martín Menem, era necesaria al tratarse de una modificación del régimen de coparticipación.
Fuente: Análisis/La Nación
