El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de acuerdo con fondos buitre que contempla un plan de pago por 171 millones de dólares a dos acreedores que mantienen litigios contra la Argentina desde el default de 2001. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, obtuvo 40 votos afirmativos y 22 negativos, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos.
El entendimiento se enmarca en un acuerdo de conciliación alcanzado en la justicia de Estados Unidos, que establece una quita cercana al 30% sobre los montos reclamados. Según lo aprobado, el Estado nacional deberá abonar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares al fondo Attestor Value Master Fund LP.
La iniciativa deberá ahora ser tratada en la Cámara de Diputados, que tiene plazo hasta el 30 de junio para convertirla en ley, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo internacional que dio origen a la negociación.
El alcance del acuerdo y sus efectos jurídicos
El proyecto dispone que, una vez efectuado el pago, quedarán sin efecto las medidas de embargo que recaían sobre activos argentinos en Estados Unidos, entre ellos acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde defendió la iniciativa al señalar que “este acuerdo entraña una serie de ventajas para la Argentina”, y sostuvo que los fondos involucrados “se obligan a no iniciar nuevas acciones judiciales ni interferir en operaciones de financiamiento”.
En esa línea, afirmó que el entendimiento implica la “reinserción internacional de la Argentina” y permite “salir del listado de países morosos”, destacando además la reducción de litigios pendientes como uno de los principales beneficios del acuerdo.
Cruces políticos en el recinto
El debate estuvo atravesado por fuertes diferencias entre oficialismo y oposición. Desde el bloque justicialista, el senador Jorge Capitanich cuestionó el acuerdo al sostener que “estos mecanismos premian las conductas de los fondos buitre o holdouts”.
El exgobernador chaqueño también criticó la metodología del entendimiento y advirtió que “la documentación es incompleta y el cierre parcial no resuelve el problema de fondo”.
Asimismo, planteó objeciones respecto de su encuadre en principios internacionales sobre reestructuración de deuda soberana promovidos por organismos multilaterales, recordando antecedentes impulsados por la Argentina en ese sentido.
Defensa del acuerdo y cierre del debate
En contraste, legisladores del oficialismo y sus aliados defendieron la iniciativa como un paso hacia la normalización financiera. La senadora Patricia Bullrich afirmó que la aprobación busca “cerrar una herida de 25 años” vinculada al default de 2001.
En la misma línea, la senadora Carmen Álvarez Rivero sostuvo que “sin seguridad jurídica no hay inversiones, no hay crédito ni empleo de calidad”, en respaldo al rumbo económico del Gobierno.
Por su parte, el senador José Mayans rechazó el proyecto y anticipó el voto negativo de la oposición al señalar: “No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda y del desastre que están haciendo con la economía argentina”.
El proyecto ahora pasa a Diputados, donde el oficialismo buscará su sanción definitiva antes del vencimiento del plazo establecido en el acuerdo internacional.
