El juez federal N.º 1 de Paraná, Leandro Ríos, resolvió procesar a Víctor Hernán Arrieta, jefe de la Unidad Operacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la capital provincial, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas y coacciones. La resolución judicial incluye además un embargo sobre sus bienes.
El fallo no solo aborda hechos recientes, sino que describe un entramado de violencia institucional que, según la investigación, se habría mantenido durante años dentro de la fuerza.
De acuerdo con lo que surge del expediente y del testimonio de la Oficial Mayor S.A.D., el conflicto comenzó en 2016, cuando la funcionaria informó a sus superiores un episodio ocurrido en el aeropuerto de Paraná: Arrieta habría interceptado y agredido verbalmente a un controlador aéreo de la empresa EANA.
A partir de ese reporte, que derivó en un sumario administrativo contra el jefe policial, la denunciante sostiene que comenzó a sufrir una serie de represalias. Según la causa, mientras ella era desplazada de funciones y sometida a sanciones encubiertas, Arrieta no solo permaneció en su cargo, sino que incluso fue promovido, lo que habría profundizado la situación de hostigamiento.
La investigación judicial también estableció que el imputado utilizaba su posición jerárquica para proferir insultos de contenido sexista, cuestionando la capacidad profesional de S.A.D. por su condición de mujer. Entre las expresiones atribuidas, figura la frase de que debía “dedicarse a lavar los platos”. El episodio de mayor gravedad se habría registrado en diciembre de 2024, cuando, según la denuncia, Arrieta se abalanzó sobre ella en su oficina tras insultarla.
El procesamiento también incluye maniobras destinadas a obstaculizar la investigación interna. En ese sentido, se comprobó que el funcionario habría amenazado a un oficial de la PSA con integrarlo a una “lista negra” y disponer traslados punitivos si no modificaba su declaración respecto de los hechos denunciados.
Además, se le atribuye haber invocado supuestos “contactos políticos y jerárquicos” para evitar consecuencias disciplinarias, asegurando contar con respaldo de funcionarios de alto nivel dentro del gobierno provincial.
La distinta vara institucional
El fallo judicial también pone en evidencia la situación de asimetría dentro de la PSA y la falta de resguardo institucional hacia la denunciante. Según su testimonio, tras realizar la denuncia fue desplazada de su cargo de jefa de turno sin fundamentos formales, se le redujo la jornada laboral a tres horas diarias y se le retiró el armamento reglamentario.
En contraste, Arrieta continuó ejerciendo funciones como máxima autoridad de la unidad de Paraná, lo que habría obligado a la denunciante a solicitarle autorización incluso para tareas cotidianas.
Aunque el procesamiento se dictó sin prisión preventiva, la Justicia dispuso medidas de restricción perimetral para resguardar a las víctimas y evitar nuevos actos de hostigamiento. Sin embargo, en el expediente se señala que dichas restricciones no habrían sido cumplidas en su totalidad.
La denunciante sostiene desde hace años un estado de temor y desprotección institucional. Actualmente, Arrieta se encuentra de licencia, aunque con prohibición de acercamiento a la denunciante y a los testigos de la causa.
Fuente: Analisis Digital
