La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) instó a los diputados entrerrianos a “blindar” la Ley de Fitosanitarios y calificó de “oportunismo” los recientes amparos judiciales que frenan la actividad. Además, advirtió sobre los efectos negativos de las restricciones en montes nativos y cuestionó la elaboración de un Código Rural “a espaldas de los productores”.
El planteo se realizó durante la reunión mensual de la entidad, que se llevó a cabo el pasado viernes en las instalaciones de la Sociedad Rural de Villaguay. El encuentro fue encabezado por su presidente, Sergio Dalcol, junto al Consejo Directivo y representantes de distintas rurales de la provincia. También participó el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto.
Durante la jornada se abordaron diferentes temas vinculados a la producción agropecuaria y se contó con la presencia de legisladores provinciales, entre ellos Gabriela Lena, Bruno Sarubi, Marcelo López y Susana Pérez. El encuentro permitió avanzar en el análisis de problemáticas vinculadas a los montes nativos, el ordenamiento territorial, la ley de fitosanitarios y el proyecto de Código Rural.
Desde Farer remarcaron la necesidad de actualizar la legislación sobre montes nativos para flexibilizar ciertas restricciones que —según señalaron— generan consecuencias no previstas por la normativa vigente, especialmente en el norte entrerriano, donde dificultan el desarrollo de la actividad agropecuaria.
En ese marco, también expresaron su rechazo a los intentos de impulsar un Código Rural sin la participación del sector. “No incluye a las entidades agropecuarias, ni a los organismos técnicos, ni a los colegios profesionales en el debate”, señalaron, y advirtieron que se trata de “una norma de la que se desconocen sus objetivos y que podría generar consecuencias negativas para la producción”.
Los dirigentes ruralistas valoraron el intercambio con los legisladores y señalaron que el diálogo resultó positivo, ya que permitió exponer distintos puntos de vista sobre la realidad del sector.
Al mismo tiempo, ratificaron su respaldo a la Ley de Fitosanitarios y defendieron el proceso de elaboración de la norma, al considerar que contó con apertura y respaldo técnico. En ese sentido, cuestionaron los amparos judiciales presentados desde Colonia Ensayo, al considerar que ponen en riesgo años de trabajo legislativo y técnico.
Por otra parte, la semana pasada la Bolsa de Cereales de Entre Ríos se presentó como amicus curiae ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para respaldar la constitucionalidad de la normativa que regula la aplicación de agroquímicos en zonas rurales.
La entidad presentó un informe técnico en el que advirtió que ampliar las distancias de exclusión para las aplicaciones podría impedir la producción de más de 33 mil toneladas de granos en la provincia.
Fuente: APF
