Se trata de un proyecto de ley que propone declarar de “interés prioritario” la Causa Ambiental Provincial ante el proyecto de la empresa HIF Global en la ciudad uruguaya de Paysandú. Según se indicó, por su proximidad geográfica y escala industrial podría representar un riesgo de “perjuicio sensible” para las poblaciones ribereñas de Entre Ríos.
Además, se señaló que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informó que la iniciativa no fue formalmente comunicada para su análisis técnico, lo que configuraría una omisión del deber de Información y Consulta Previa.
La iniciativa fue presentada por el bloque Juntos por Entre Ríos (JxER) y propone declarar “de interés prioritario y Causa Ambiental Provincial la protección del ecosistema del Río Uruguay y sus poblaciones”. También plantea la creación, en el ámbito de la Legislatura entrerriana, de una comisión bicameral de seguimiento para monitorear las gestiones diplomáticas, recibir a las asambleas ciudadanas y proponer eventuales acciones judiciales en defensa del patrimonio natural de la provincia.
El proyecto, impulsado por el diputado Mauro Godein, advierte que la economía de la microrregión conocida como “Tierra de Palmares”, basada principalmente en el turismo, la producción y el bienestar social, podría verse comprometida ante posibles emanaciones gaseosas, contaminación acústica o visual y el riesgo de accidentes químicos en una planta de gran escala.
Asimismo, el legislador sostuvo que la situación adquiere relevancia debido a posibles incumplimientos de tratados internacionales entre Argentina y Uruguay, los cuales fueron establecidos para garantizar el bienestar de las poblaciones de ambos países.
En esa línea, Godein mencionó que recientes declaraciones de legisladores uruguayos evidencian el interés en avanzar con otros proyectos de producción de pasta celulosa en las márgenes del río Uruguay, lo que —según afirmó— refuerza la necesidad de avanzar con esta norma.
En los fundamentos también se recuerda que la Constitución de Entre Ríos reconoce a la provincia el dominio originario sobre sus recursos naturales y establece que el agua es un bien público esencial para la vida y el desarrollo, cuya gestión debe ser sustentable y protegida de cualquier forma de degradación.
Además, se menciona que el artículo 85 de la Carta Magna provincial impone al Estado el deber de prevenir la contaminación de los ríos y sus lechos, garantizar la calidad del agua y preservar la biodiversidad, así como realizar gestiones y convenios internacionales para la defensa del ecosistema.
En ese contexto, el diputado advirtió que el proyecto de HIF Global en Paysandú, por su proximidad y escala industrial, podría afectar no solo las aguas superficiales del río Uruguay, sino también las reservas estratégicas del Acuífero Guaraní, sobre las cuales Entre Ríos ejerce derechos de preservación.
Fuente: APF
