La reciente reforma laboral impulsada por el Gobierno genera preocupación entre trabajadores rurales, campesinos y jornaleros, quienes advierten que los cambios podrían profundizar la precarización de sus condiciones laborales.
El proyecto, denominado de “Modernización Laboral”, fue tratado de manera rápida en el Congreso y recibió el respaldo de cámaras empresarias, sectores agroindustriales y entidades del campo, que celebraron su aprobación. Sin embargo, desde el sector trabajador aseguran que las nuevas reglas podrían debilitar derechos históricos y facilitar condiciones laborales más flexibles.
En los últimos dos años, el cierre de unas 22.000 empresas y la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo en el sector privado reflejan un escenario complejo. A esto se suma que el empleo no registrado ronda el 45%, lo que plantea dudas sobre si la reforma realmente impulsará la formalización laboral.
Por otro lado, algunos sectores productivos destacaron la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incluido en la ley, que busca fomentar inversiones en el agro, como sistemas de riego o mejoras en genética bovina. Desde el sector empresarial consideran que esta herramienta podría generar nuevas oportunidades productivas.
No obstante, sindicatos y organizaciones campesinas advierten que el nuevo marco legal podría impactar especialmente en el trabajo rural, un sector marcado por la estacionalidad y la dispersión geográfica. Según sostienen, las modificaciones priorizan la reducción de costos para las empresas por sobre la protección laboral.
Mientras el debate continúa, el futuro del empleo rural y las condiciones de trabajo en el campo quedan en el centro de la discusión.
Fuente: Página 12
