El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, agravados por la presunta participación criminal de varias personas, tras el ataque ocurrido el pasado 27 de agosto contra la caravana encabezada por el Presidente de la Nación.
En la presentación judicial se solicita profundizar la investigación, al considerar que el hecho no habría sido aislado, sino ejecutado de manera organizada y coordinada por un grupo de individuos, lo que constituye un agravante en la calificación legal de los delitos.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de manera subrogante del juez Armella, quien ya interviene en la causa.
Desde el Ministerio remarcaron que uno de los ejes de la gestión es claro: todo acto de violencia debe ser investigado y sancionado con el máximo rigor que establece la ley.
