El Gobierno de Entre Ríos presentó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna tras el hallazgo de dispositivos ocultos de grabación de audio y video en oficinas oficiales. Entre los espacios donde se detectaron estos aparatos se encuentran la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación.
Desde el Ejecutivo provincial calificaron el hecho como de extrema gravedad, al tratarse de un delito que vulnera la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas. Por ese motivo, se dio intervención a la Justicia para determinar quiénes instalaron los dispositivos, con qué objetivo y qué uso se dio a la información obtenida.
En paralelo, se puso en marcha una investigación administrativa para establecer posibles responsabilidades o complicidades dentro de la estructura del Estado.
A través de un comunicado oficial, el gobierno señaló que durante muchos años se naturalizaron prácticas ilegales de control y espionaje en la provincia, y remarcó que esa etapa llegó a su fin. Además, afirmó que Entre Ríos atraviesa un proceso de saneamiento profundo, basado en la transparencia, la legalidad y el respeto por las instituciones, y aseguró que la investigación avanzará hasta las últimas consecuencias.
