El licenciado y penalista Héctor Olivera pidió una profunda modificación de la Ley 24.429, conocida como Ley Carrasco, sancionada en 1994 tras el fin del servicio militar obligatorio. Según explicó, la norma que regula el régimen de los soldados voluntarios quedó desactualizada y presenta serias falencias en materia laboral, salarial y de contención institucional.
Olivera señaló que actualmente existen más de 20.000 soldados voluntarios en el país y que cada año se incorporan alrededor de 5.000 personas, muchas de ellas en busca de inclusión social y una salida laboral. Sin embargo, advirtió que el salario básico no alcanza a cubrir la canasta mínima y que, tras los descuentos, los ingresos resultan insuficientes para quienes deben afrontar alquileres, mantener una familia o cumplir con otras obligaciones básicas.
Además, remarcó la existencia de casos de violencia institucional y situaciones graves ocurridas en distintas ciudades del país, incluyendo antecedentes de hechos violentos y problemas de salud mental dentro de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, mencionó que en Concordia un soldado voluntario se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico tras atravesar una situación delicada.
El penalista también cuestionó las extensas jornadas laborales que, según indicó, superan ampliamente las ocho horas diarias y no se ajustan a la legislación laboral vigente. Por ese motivo, reclamó que se garantice un marco profesional adecuado, con condiciones dignas, salarios acordes y un sistema que respete los derechos de quienes eligen ingresar a la fuerza.
Finalmente, Olivera hizo un llamado al presidente de la Nación, al gobierno provincial para que impulsen una reforma urgente de la ley o incluso la creación de una nueva normativa, acorde a la realidad actual, que priorice la profesionalización, la salud mental y el bienestar de los soldados voluntarios.
Licenciado Héctor Olivera
