Solicitan Juicio Oral para Dos Exintegrantes de la Gendarmería Nacional por Delitos de Lesa Humanidad

En un importante desarrollo legal, se ha solicitado el juicio oral para dos exintegrantes de la Gendarmería Nacional, Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, por su presunta implicación en delitos de lesa humanidad. Ambos enfrentan acusaciones graves que incluyen asociación ilícita, allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y torturas en perjuicio de siete víctimas, tres de ellas menores de edad. La titular de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, ha instado al titular del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró, a llevar a juicio a estos exoficiales de la Gendarmería Nacional por estos crímenes de lesa humanidad.
Los hechos en cuestión tuvieron lugar el 12 de mayo de 1977, en el contexto de la última dictadura cívico-militar, en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Las víctimas eran militantes del Partido Comunista. Es relevante señalar que los imputados ya habían sido procesados en mayo de este año, y en el caso de Gómez del Junco, se le añaden dos casos adicionales por tormentos y asociación ilícita relacionados con hechos ocurridos el 12 de enero de 1978.
Según el procesamiento dictado por el juez Seró y respaldado en el requerimiento del Ministerio Público Federal, se ha señalado la participación de Caserotto y Gómez del Junco en la detención de las víctimas mientras celebraban un cumpleaños en una casa en Concepción del Uruguay. Posteriormente, fueron trasladadas a una sede de la Gendarmería Nacional, donde sufrieron amenazas y actos de violencia. Las víctimas fueron subidas a una camioneta y golpeadas durante el traslado, y luego encerradas en un calabozo, donde se les sometió a torturas crueles, incluso un “simulacro de fusilamiento.”
Las personas que vivían en la casa también fueron privadas ilegalmente de su libertad por alrededor de diez días con la custodia de personal de Gendarmería, según testimonios recabados en el expediente.
Además, se ha enfocado en otro incidente imputado a Gómez del Junco, donde una víctima lo identificó como el individuo que los secuestró junto a cuatro amigos en un balneario en Banco Pelay y los sometió a torturas con una picana eléctrica durante una noche en enero de 1978.
La fiscal Minatta ha destacado la privación ilegal de la libertad y las torturas infligidas a dos de las tres víctimas menores de edad, así como el impacto en el hijo menor de uno de los denunciantes, quien fue abandonado durante toda una noche en un balneario, sin saber el destino de su padre y sus compañeros, lo que lo dejó en estado de desesperación.
Este caso resalta la importancia de considerar las consecuencias de las prácticas represivas sobre los niños y niñas que fueron igualmente aterrorizados y afectados por estos eventos traumáticos. En este contexto, se espera que el juicio oral permita arrojar luz sobre estas acusaciones y brindar justicia a las víctimas y sus familias.