Milei avanza con un decreto que desmantela organismos clave en agricultura, industria y tecnología
El gobierno de Javier Milei tiene listo un decreto que establece la eliminación o degradación de múltiples organismos públicos vinculados a la producción agrícola, industrial y tecnológica. Entre los afectados se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), y el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), entre otros.
Estas medidas se enmarcan en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley Bases, que declaró la emergencia pública por un año, autorizando al Gobierno a reestructurar el Estado sin intervención del Congreso. Esta ventana de tiempo está cerca de vencer, por lo que el decreto podría publicarse en cuestión de horas.
Eliminaciones y recortes bajo el argumento de “eficiencia”
El decreto, elaborado por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, plantea que estos organismos presentan una “sobredimensión estructural” y una “ineficiencia funcional”, justificando su eliminación o transformación. En ese marco, desaparece el INASE, encargado de regular el uso y acceso a semillas, un insumo estratégico para la producción agrícola.
También se eliminarán la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el INAFCI, organismo clave en la promoción de la agricultura familiar, campesina e indígena.
El texto oficial, según trascendidos, desacredita el rol de estos entes, acusándolos de falta de operatividad, de tener una lógica “intervencionista”, y de no responder a las “prioridades actuales del país”. No se propone mejorar su funcionamiento, sino directamente suprimirlos.
INTA, INV e INTI pierden autonomía y funciones
El INTA será convertido en un organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Agricultura, perdiendo su autonomía administrativa y financiera. Además, se le quita la capacidad de crear servicios de extensión, campos demostrativos y explotaciones piloto, fundamentales para la asistencia técnica a pequeños y medianos productores del interior.
También se modifica su estructura de gobierno, eliminando la actual conducción colegiada con representación universitaria. A partir de ahora, el presidente del organismo será designado directamente por el Ejecutivo.
El mismo destino corre el INV, que perderá su estatus autárquico para transformarse en una unidad dependiente del Ministerio de Agricultura. El decreto responsabiliza al propio Instituto por la crisis del sector vitivinícola, argumentando la “ineficacia de sus políticas públicas”.
En cuanto al INTI, pasará a estar bajo la órbita de la Secretaría de Industria como una simple unidad organizativa, argumentando un supuesto crecimiento del personal no acorde con sus servicios, y una falta de alineación con las demandas actuales del sector.
Un ajuste estructural con impacto en 88.000 trabajadores
El decreto alcanza a un universo estimado de 88.095 agentes públicos distribuidos en 111 organismos, entre desconcentrados y descentralizados. La intención del gobierno es avanzar con una reforma estructural bajo el lema de una “gestión pública eficaz”, lo que en los hechos implica el vaciamiento de áreas estratégicas vinculadas al desarrollo regional, el acceso a tecnología, y el apoyo a sectores históricamente relegados de la economía.
