Allanamientos Desmantelan Red de Contrabando y Lavado de Activos por Más de 200 Millones de Dólares
En una operación conjunta, la Policía Federal Argentina llevó a cabo 38 allanamientos en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y el Gran Buenos Aires en una investigación relacionada con contrabando y lavado de activos. La investigación, que involucra un monto que supera los 200 millones de dólares, fue liderada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, y la Secretaría Penal N°3 bajo la dirección del Dr. Felipe Scagliotti.
Los allanamientos proporcionaron evidencia que vinculaba a varias empresas y personas con operaciones de contrabando y lavado de activos. La investigación fue llevada a cabo por detectives del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, quienes realizaron un análisis minucioso de información digital y financiera, junto con investigaciones de campo en más de ciento ochenta domicilios relacionados con empresas y personas físicas.
El resultado de esta investigación condujo al descubrimiento de una red de empresas y personas físicas interconectadas que participaban en una serie de actividades ilícitas. En primer lugar, estaban involucrados en el contrabando de mercancía declarada como ácido oleico, seguido de una compleja triangulación internacional de los fondos obtenidos para dar apariencia de licitud a las operaciones. Las pesquisas comenzaron a raíz de denuncias sobre contrabando y lavado de activos realizadas en noviembre de 2021 por PROCELAC y la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas.
Esta red criminal involucraba a un grupo de al menos cuarenta y cinco personas y diecinueve empresas. Se observó que algunas empresas, en particular las que actuaban como exportadoras en el contrabando, eran “empresas fantasmas” creadas con el único propósito de generar facturación, sin la solvencia para respaldar las grandes cantidades de mercancía que manejaban.
La investigación llevó a la identificación de todos los socios y profesionales involucrados en estas actividades ilícitas y reveló que la organización tenía conexiones internacionales con Chile y Estados Unidos. Cometían delitos de contrabando de mercancía y lavado de activos. La operación de allanamiento resultó en la identificación de numerosas empresas y personas involucradas, así como la incautación de equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentos de interés, incluyendo despachos de exportación y estatutos de constitución de las empresas.
Según las autoridades judiciales, estas empresas habrían causado daños al Estado por más de 200 millones de dólares, y la Dirección Nacional de Aduanas busca imponer las sanciones correspondientes.
