Tensión en Concordia: denuncian amenazas contra un trabajador que acusó al líder del Sindicato de la Fruta
Leandro Ragone, uno de los denunciantes en la causa por presunta malversación de fondos que involucra al secretario general del Sindicato de la Fruta de Concordia, Alcides Camejo, aseguró haber sido intimidado este martes por un grupo de personas que se presentó en su domicilio particular.
Según relató Ragone al portal 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor del mediodía, cuando una camioneta con al menos cinco ocupantes se detuvo frente a su vivienda. “Desde que bajaron comenzaron a filmarme y sacarme fotos con sus celulares”, describió.
El trabajador detalló que los individuos se presentaron con el argumento de entregarle una notificación legal. “Me dijeron que adentro del vehículo había una escribana. La supuesta notificación era una respuesta a las cartas documento que envié en su momento y que el sindicato nunca respondió. Lo que hicieron fue un claro acto de intimidación”, denunció.
“Eso de la escribana fue solo una fachada para ejercer presión. Vinieron a asustarme, me grababan constantemente”, agregó Ragone, quien anticipó que formalizará una denuncia penal por lo que consideró un acto amenazante.
Una causa de alto perfil
La causa judicial en cuestión se inició en 2021 y está a cargo de la fiscal federal María Josefina Minatta. En ella están imputados Alcides Camejo y otros nueve integrantes de la comisión directiva del Sindicato Obrero de la Fruta (SOF), acusados de administración fraudulenta y lavado de activos.
La denuncia fue impulsada por un grupo de trabajadores del sector, entre ellos Ragone, Claudio De los Santos, Omar Sampietro y Antonio Leyes, quienes señalaron un presunto desvío de fondos tanto del sindicato como de la obra social OSPAF entre los años 2014 y 2021.
Entre las irregularidades señaladas figuran la compra de vehículos de alta gama, adquisición de propiedades, viajes al exterior y operaciones con divisas. La fiscalía sostiene que los acusados habrían aumentado su patrimonio de manera desproporcionada respecto a sus ingresos declarados. Incluso, algunos figurarían como beneficiarios de programas sociales estatales.
La Justicia Federal de Concepción del Uruguay ya ordenó la citación a declarar de los imputados en los próximos días.
Mientras tanto, el conflicto traspasa los límites del expediente judicial, y los denunciantes reclaman medidas de protección ante posibles represalias.
FUENTE 7 PAGINAS
