Graves denuncias contra la obra social de la Policía Federal: clínicas y farmacias cortaron servicios
Afiliados reclaman abandono total del sistema de salud y exigen respuestas del Gobierno nacional
La situación de la obra social de la Policía Federal Argentina (PFA) llegó a un punto crítico. Desde hace meses, miles de afiliados padecen severas restricciones en el acceso a medicamentos, prestaciones médicas y tratamientos de discapacidad, pero en los últimos días la crisis se profundizó: clínicas y farmacias dejaron de brindar servicios, obligando a los pacientes a pagar de su bolsillo montos exorbitantes.
“Los policías no pueden protestar porque los sancionan, pero las familias estamos desesperadas y tenemos que hablar. Parece que no tuviéramos obra social: los medicamentos hay que pagarlos al 100%, y estudios como resonancias pueden costar más de 100 mil pesos”, denunció la esposa de un agente en diálogo con el portal 0223, que por seguridad prefirió mantener el anonimato.
En Mar del Plata, los pasillos del Hospital Privado de Comunidad (HPC) se vieron colapsados por afiliados que no podían ser internados debido al corte del servicio. “Por ahora atienden en la clínica Pueyrredon, pero no sorprendería que también dejen de hacerlo”, advirtió.
Los reclamos se multiplican en todo el país: estudios médicos que cuestan hasta $76.000, medicamentos mensuales que superan los $100.000 y reintegros que tardan hasta seis meses en pagarse. “Es insostenible. Un policía federal con 10 años de antigüedad gana 1.300.000 pesos. Parece mucho, pero con alquiler, gastos y salud, no alcanza”, resumió otro afiliado.
Las familias apuntan al Gobierno nacional y a la conducción de la obra social. “¿El presidente Milei y la ministra Bullrich sabrán el estado de abandono en el que están quienes nos cuidan? Todos los meses les descuentan la obra social, pero ese dinero no llega a las clínicas ni a las farmacias. Queremos saber quién se hace responsable”, reclamaron.
En medio del colapso del sistema sanitario para los efectivos federales y sus familias, la demanda es clara: que el Estado asuma su responsabilidad y garantice el derecho básico a la salud para quienes sirven en las fuerzas de seguridad. PUBLICO 0223
