El Gobierno Nacional eliminará hasta 160.000 pensiones por invalidez tras detectar irregularidades
El Gobierno Nacional ha iniciado un exhaustivo proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que resultará en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. Esta medida responde a la detección de irregularidades en la concesión de las pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente lo necesiten continúen recibiendo este apoyo estatal.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en conjunto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, ha comenzado a auditar aproximadamente 400.000 beneficiarios de estas pensiones. El proceso, que se inició en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ha extendido a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país, podría resultar en la suspensión de entre el 30% y el 40% de los casos auditados, lo que representa entre 120.000 y 160.000 personas.
Las suspensiones se basan en la identificación de irregularidades en la concesión de las pensiones durante gestiones anteriores. Una revisión inicial de 2.559 casos reveló que solo el 7% cumplía con los requisitos legales, lo que motivó la intensificación de las auditorías. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la presentación de documentación médica falsificada, el uso de la misma radiografía en múltiples expedientes, y la concesión de pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.
Los más afectados por esta medida serán aquellos que reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos. Este tipo de pensión está destinada a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Las incompatibilidades detectadas incluyen la posesión de bienes no declarados, empleo formal, y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.
El proceso de auditoría continuará extendiéndose a otras regiones del país en los próximos meses. En paralelo, se han iniciado denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades. La ANDIS, en coordinación con el Ministerio de Salud y la justicia, busca no solo depurar el sistema de pensiones, sino también responsabilizar a quienes participaron en la gestión indebida de estos recursos. El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha subrayado que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar aquellos casos fraudulentos, restaurando así la transparencia en el sistema y asegurando que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo requieren.
