Nueva ley de control a ONG en Venezuela: Organizaciones denuncian represión creciente bajo el gobierno de Maduro

Organizaciones de derechos humanos en Venezuela han expresado su preocupación ante la reciente aprobación de una ley que regula y fiscaliza a las ONG, advirtiendo que esta normativa intensificará la represión contra quienes critican al gobierno de Nicolás Maduro.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley que obliga a las organizaciones no gubernamentales a registrarse en un listado administrado por el Ministerio de Interior y a revelar sus fuentes de financiamiento. La legislación, promovida por Maduro tras las protestas que siguieron a su reelección en julio, establece un plazo de 90 días para que las ONG se inscriban y 180 días para adaptar sus estatutos a las nuevas disposiciones.

Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, advirtió que alrededor de 10.000 organizaciones se verán afectadas y alertó sobre la naturaleza punitiva de la ley, la cual, según él, dejará a estas entidades expuestas a la arbitrariedad del gobierno.

Por su parte, PROVEA calificó la ley como un intento de controlar todos los aspectos de la vida de los venezolanos, advirtiendo sobre la amenaza de disolución de organizaciones y la imposición de multas millonarias. Espacio Público, otra ONG que defiende la libertad de expresión, sostuvo que la norma criminaliza a la sociedad civil.

Estas organizaciones han sido fundamentales para denunciar violaciones a los derechos humanos en Venezuela, enfrentando repetidamente acusaciones de conspiración por parte del gobierno. Eduardo Torres, abogado especializado en derechos humanos, señaló que la aprobación de esta ley ocurre en un contexto de represión posterior a las elecciones y resaltó que las multas previstas son prácticamente confiscatorias, alcanzando los 10.000 dólares.

Reacciones internacionales

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había instado al gobierno venezolano a no aprobar leyes que restrinjan el espacio cívico y democrático, manifestando su preocupación por las detenciones masivas. Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un clima de miedo que sofoca la aplicación de principios democráticos. Esta normativa se asemeja a leyes de control social implementadas en países como Cuba, Nicaragua y Bolivia, y fue inicialmente propuesta por Diosdado Cabello, líder chavista, quien acusó a más de 60 ONG de desestabilizar el país.