El Gobierno Nacional Disuelve el INADI: Los Detalles del Decreto y los Motivos de la Decisión

El Gobierno nacional ha oficializado la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), culminando un proceso iniciado seis meses atrás. La medida se formalizó mediante el decreto 696/2024, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada. El vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado horas antes la decisión del cierre definitivo del organismo.

El decreto establece en su Artículo 1°: “Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”. Además, se ordena la transferencia de todos los recursos materiales y financieros del INADI al Ministerio de Justicia, encabezado por Cúneo Libarona.

A partir de ahora, el Ministerio de Justicia será responsable de elaborar y ejecutar las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo. En los considerandos de la medida, se menciona que la prolongada intervención del INADI, por más de 12 años, ha demostrado la ineficacia del organismo para cumplir sus objetivos.

El Gobierno ha detectado graves irregularidades en la gestión del INADI, incluyendo problemas en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos. Asimismo, se encontraron retrasos injustificados en la resolución de denuncias y expedientes administrativos, así como una estructura funcional sobredimensionada.

Además, se constató la ausencia de registros fidedignos de actividades y pagos realizados antes de diciembre de 2023, y la falta de procedimientos adecuados para el control y fiscalización de los recursos. Ante estos problemas, el Gobierno consideró que la disolución del INADI era necesaria, debido a su ineficiencia e incumplimiento de sus funciones.

El INADI fue creado en 1995 por la ley 24.515 y comenzó a operar en 1997. En el año 2000, se ordenó su intervención por primera vez, bajo la dirección de Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema. Desde entonces, el organismo ha estado bajo sucesivas intervenciones, muchas de ellas cuestionadas por su carácter «militante».

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