La Justicia Rechaza Cautelar de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo por 556 Millones de Pesos
En un fallo reciente, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Pablo Cayssials, desestimó una medida cautelar solicitada por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que reclamaba al Estado una transferencia de más de 556 millones de pesos. Este reclamo surgió después de que el Ministerio de Capital Humano frenara la apertura de nuevas universidades, afectando a varias instituciones, incluida la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, creada por la fallecida Hebe de Bonafini.
La organización presentó una “cautelar autosatisfactiva” para que se ordenara el cese inmediato de la retención de fondos y se procediera a la transferencia del monto solicitado. Sin embargo, el magistrado consideró que no se presentaron las circunstancias excepcionales necesarias para justificar el reclamo, señalando que las afirmaciones de la organización no eran suficientes.
En su fallo, el juez Cayssials destacó que no se verificó la verosimilitud del derecho reclamado ni se demostró claramente la arbitrariedad denunciada por parte de la Administración Pública. Además, indicó que el reclamo patrimonial debería ser tratado por otra vía, ya que no se evidenció un perjuicio irreparable.
Por su parte, el Estado Nacional cuestionó la validez de la representación de la rectora Cristina Caamaño Iglesias Paiz, argumentando que su designación, realizada por una resolución del ex Ministerio de Educación, había sido dejada sin efecto por una nueva resolución del Ministerio de Capital Humano. Según el Gobierno, la Universidad de Madres de Plaza de Mayo no contaba con la autorización necesaria para funcionar, al no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior y el Decreto Nº 176/96.
En febrero pasado, el gobierno de Javier Milei decidió suspender la apertura de cinco nuevas universidades creadas por ley durante la gestión anterior, incluyendo la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. La medida se fundamentó en la necesidad de evitar la duplicación de estructuras jerárquicas y garantizar que la oferta educativa cumpliera con los estándares de calidad y pertinencia. El freno se mantendrá hasta que se verifique el cumplimiento de los procedimientos administrativos exigidos para la creación de nuevas universidades y se confirme la viabilidad de las iniciativas.
Estas universidades habían sido aprobadas tras un extenso debate en el Congreso Nacional, con el respaldo mayoritario del kirchnerismo, partidos provinciales aliados y el radicalismo, en una sesión que también incluyó la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y modificaciones en la ley de alquileres.
