Debate sobre la Baja de la Edad de Imputabilidad: La Propuesta del Gobierno de Milei y la Situación en Brasil, Chile y Uruguay
El gobierno de Javier Milei ha generado un intenso debate en Argentina al proponer la reducción de la edad de imputabilidad penal, actualmente establecida en 16 años. La iniciativa se enmarca en la búsqueda de políticas más estrictas para combatir la delincuencia, permitiendo que adolescentes más jóvenes puedan ser juzgados y condenados por delitos graves.
Contexto Internacional: Comparativa Regional
A nivel regional, la edad de imputabilidad varía significativamente. En Uruguay, el límite se fija en 18 años, pero cuenta con un sistema de justicia para menores de entre 13 y 17 años, enfocado en medidas correctivas y socioeducativas. Brasil también mantiene la mayoría de edad penal a los 18, con un régimen de medidas socioeducativas aplicable desde los 12 años. Por su parte, Chile ha establecido un sistema especial de justicia penal para adolescentes a partir de los 14 años, diferenciando claramente las sanciones y tratamientos entre adultos y menores.
Perspectiva de las Organizaciones Internacionales
Organizaciones internacionales como Unicef han expresado su oposición a la reducción de la edad de imputabilidad, argumentando que no existe evidencia de que esta medida contribuya efectivamente a la disminución de la inseguridad. La Convención de Derechos del Niño de la ONU sugiere que la edad mínima para la responsabilidad penal debe ser lo más cercana posible a los 18 años, promoviendo un enfoque basado en la rehabilitación y no en la simple retribución.
Argumentos a Favor y en Contra
Durante la discusión en el Senado, Nicolás Posse, ex jefe de Gabinete, abogó por una reducción de la edad de imputabilidad al sostener que “un delito de adulto merece una pena de adulta”. En esta línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mencionó que el gobierno considera establecer el nuevo límite en 14, 13 o incluso 12 años.
No obstante, la propuesta enfrenta críticas por parte de expertos y organizaciones que advierten sobre los riesgos de someter a jóvenes a sistemas penitenciarios diseñados para adultos, sin un enfoque adecuado en la rehabilitación y reintegración. Se subraya la importancia de implementar regímenes diferenciados para adolescentes, que incluyan garantías procesales y programas de rehabilitación, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos de los niños.
Reflexión Final
La propuesta del Gobierno de Milei para bajar la edad de imputabilidad reabre un debate complejo que involucra no solo la legislación penal, sino también principios de derechos humanos y el futuro de los adolescentes en conflicto con la ley. La experiencia de otros países de la región, junto con las recomendaciones de organismos internacionales, ofrece un marco valioso para evaluar las posibles implicancias de esta medida y buscar un equilibrio entre seguridad y justicia para los jóvenes.
