Escándalo por los Alimentos Retenidos: La Fiscalía Respaldó al Juez Casanello y Rechazó la Apelación de Sandra Pettovello
En medio de un polémico litigio entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, la Fiscalía respaldó firmemente al juez Sebastián Casanello, instando a la Cámara Federal a rechazar la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. El conflicto se desató a raíz de la solicitud del magistrado de elaborar un plan de distribución para los alimentos almacenados en depósitos, una medida que el Ministerio considera como una indebida intromisión en sus competencias.
El fiscal José Luis Agüero Iturbe, en un dictamen contundente, desmontó las acusaciones de intromisión, argumentando que el juez Casanello no está usurpando funciones propias del Ejecutivo, sino simplemente requiriendo información y velando por el cumplimiento de la seguridad alimentaria en el país. “No se trata de elaborar ninguna política pública, sino de garantizar el cumplimiento de aquella delineada por la propia Administración Nacional”, afirmó Agüero Iturbe en su informe.
Por su parte, la apelación presentada por la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, ha levantado ampollas al considerar la solicitud del juez como una injerencia intolerable en las políticas públicas del Ejecutivo. Sin embargo, para el fiscal, esta postura es infundada, ya que el objetivo del magistrado es simplemente asegurar que se distribuyan los alimentos según los parámetros establecidos por el Ministerio, en cumplimiento de la ley de seguridad alimentaria y los principios constitucionales.
La ministra Pettovello y su equipo han anunciado su firme determinación de defender la autonomía del Ejecutivo y la democracia, rechazando cualquier intento de injerencia por parte del Poder Judicial. Sin embargo, la posición de la Fiscalía respalda la acción del juez Casanello como un esfuerzo por garantizar el acceso a la alimentación en el país, sin pretensiones de imponer una política pública, sino de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. En última instancia, esta disputa no solo revela tensiones entre poderes, sino también la urgencia de abordar la problemática de los alimentos retenidos para evitar una crisis humanitaria.
